¿Por qué?

La conmemoración, 6 de diciembre, de los 40 años de vigencia de la Constitución de 1978 coincide con la reciente publicación del nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la LOE y se deroga la LOMCE, iniciativa promovida por el actual Gobierno y sus socios parlamentarios.

Esta coincidencia no dejaría de ser una muestra más de los vaivenes continuos en los que se desarrolla nuestro maltrecho sistema educativo, si no fuera porque el citado Anteproyecto incluye una serie de propuestas encaminadas a cercenar la libertad de enseñanza consagrada en el Artículo 27 de nuestra Constitución.

Desde luego, resulta paradójico defender la nueva reforma en una supuesta “urgencia educativa”, cuando en realidad se trata de una “urgencia política”. Y resulta más contradictorio hacerlo en estos momentos de conmemoración de la Constitución. No es coherente defender los principios constitucionales y a la vez intentar quebrar la paridad entre el “derecho a la educación” y la “libertad de enseñanza”, ambos reconocidos al mismo nivel y rango en el Apartado 1 del citado Artículo 27 de la Carta Magna.

Y todo ello con una clara intención no disimulada en el Documento de Propuestas publicado por el MEFP el pasado 8 de noviembre: defender la prevalencia de la enseñanza pública, a la vez que la enseñanza concertada queda relegada a un carácter “subsidiario” de la primera.

En este punto del camino, uno se pregunta ¿POR QUÉ ese afán del Gobierno por contraponer enseñanza pública y concertada, como realidades excluyentes, cuando ambas redes tienen carácter complementario en la prestación del mismo servicio de interés público y social, tal y como establece la propia LOE y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo?

¿POR QUÉ ese ánimo de castigar a la enseñanza concertada, un modelo reconocido, consolidado y valorado por la sociedad, que recibiendo la mitad de los recursos económicos por aula que la pública, cumple su compromiso con fidelidad a su proyecto y misión: hacer posible la libertad de elección de centro para todas las familias que lo deseen, sea cual sea su condición social o económica?

¿POR QUÉ ese espíritu político “liberticida” e “intervencionista”, planteando eliminar de la Ley la referencia a la “demanda social” como criterio de programación de plazas escolares gratuitas; sustituyendo por primera vez el concepto constitucional de “programación” por el de “planificación” unilateral en manos de la Administración; eliminando el reconocimiento de los padres y madres como primeros responsables de la educación de sus hijos; introduciendo en los Consejos Escolares de los centros concertados a los concejales municipales, a modo de “comisarios políticos” ya que los Ayuntamientos no colaboran económicamente en la financiación de dichos centros, a diferencia de los centros públicos…?

¿POR QUÉ se dice de palabra en discursos y conferencias que se está a favor de un Pacto Educativo de Estado y, al mismo tiempo, se actúa con hechos que hacen imposible cualquier aproximación a dicho Pacto?

Al respecto, no cabe otra actitud que la incredulidad y la incomprensión, el hastío de ver cómo no solo no se solucionan los históricos problemas de nuestro sistema educativo, sino que se incrementan las cortapisas a la libertad de enseñanza y se ataca sin fundamento a los centros concertados que cumplen con su trabajo cada día. Asimismo, no cabe otra actitud que mostrar nuestra firme determinación en la defensa del cumplimiento efectivo del Artículo 27 de la Constitución, especialmente en su 40 Aniversario. Es el mejor reconocimiento que podemos hacer a nuestra Carta Magna y a los derechos fundamentales que establece, pilares de nuestra democracia y convivencia.

Luis Centeno Caballero

¿Por qué?

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